Cruce de cables

Desde distintos frentes del grupo político de la 4T se perfila un recrudecimiento de la cruzada para deslegitimar y debilitar al Poder Judicial de la Federación, particularmente, a la Suprema Corte de Justicia. Quienes son parte de la 4T y detentan el poder -o lo detentaron- desde las instituciones de la República están utilizando una especie de entretenimiento popular –típico de la antigua Roma para distraer a la sociedad de lo relevante- para tratar de convencer a la sociedad mexicana de que el Poder Judicial Federal no solamente es un trasto inservible e inútil, sino que actúa como un enemigo abierto del gobierno del pueblo y, por tanto, del pueblo mismo.

El argumento central de este entretenimiento popular tan peligroso es que el control de los actos públicos que la Constitución –que es el único cauce legítimo e institucional a través del cual habla el pueblo y no parte del electorado- le encomienda al Poder Judicial Federal, representa un atentado contra la soberanía de las Cámaras del Congreso de la Unión y las decisiones del Ejecutivo Federal, órganos que encarnan al pueblo.

Este discurso demagógico cruza intencionalmente los cables de la democracia constitucional, con el propósito de confundir a la sociedad y tratar de ganar un amplio apoyo en las urnas el 2 de junio, lo cual le permitiría al grupo político de la 4T reformar la Constitución y construir un Poder Judicial dócil –como el que operaba en las décadas de los 70, 80 y primera parte de los 90, cuyas sentencias en los casos relevantes se dictaban en Los Pinos- bajo la idea de que el pueblo quiere sacudirse la “dictadura de la toga”.

¿Por qué no le explican a la sociedad que una democracia constitucional es el reconocimiento de los valores de la democracia formal –sufragio y regla de la mayoría-, pero también el de la libertad fundada en los derechos de las personas en un marco normativo creado por la Constitución y aplicado por los poderes constituidos, como el Legislativo y el Ejecutivo, quienes no pueden vulnerar ese marco puesto que, en caso de hacerlo, el Judicial debe intervenir, pero no para someter a los otros 2 poderes, sino para hacer valer la norma fundamental que es la única expresión del pueblo entendido como Nación, no de una porción electoral mayoritaria?

¿Por qué no le explican a la sociedad que nuestra democracia constitucional asegura que ciertos derechos y principios no puedan ser violados, incluso por decisiones mayoritarias, debido a que tales aspectos están fuera del proceso democrático deliberativo ordinario, y que su protección corresponde, precisamente, al control judicial de la constitucionalidad de las leyes que hace el PJF?

¿Por qué no le explican a la sociedad que la democracia constitucional establece límites al principio mayoritario encarnado en las Cámaras, ya que por mandato expreso de nuestra Constitución las decisiones de la mayoría se encuentran sometidas a una reserva fundamental: su correspondencia con la norma suprema?

¿Finalmente, por qué no le explican a la gente que quienes atentan contra el pueblo, en realidad, son aquellos que buscan eliminar la garantía para que el Poder Judicial Federal revise de manera autónoma, imparcial y sin criterios de oportunidad política, la conformidad de los actos públicos con la Constitución, porque esa ruta deja sin última línea de defensa a todas y a todos, más allá de nuestras preferencias político-electorales?