Fiscalías Estatales muestran altos niveles de ineficacia en el proceso judicial

Un análisis reciente sobre el desempeño de las fiscalías estatales revela una preocupante crisis en la impartición de justicia, ya que en 10 entidades no se logró llevar a juicio ni el 1 % de las carpetas de investigación abiertas durante 2023. Entre los casos más graves destacan Nayarit y Baja California Sur, que no pudieron concluir ni un solo proceso judicial, lo que refleja severas fallas en el sistema judicial local.

Según datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), esta problemática afecta a la mayor parte del país: 26 estados no lograron judicializar más del 5 % de los delitos denunciados. Esto deja en evidencia el colapso operativo que impide transformar las denuncias en resultados concretos, generando impunidad y desconfianza en el sistema.

En Nayarit, a pesar de haberse ejercido acción penal en 53.3 % de los 12,599 crímenes analizados, ningún caso llegó a juicio debido a pruebas insuficientes o errores administrativos durante los procedimientos. David Saucedo, especialista en seguridad, atribuye esta situación a la falta de capacitación de los fiscales, quienes enfrentan dificultades para construir expedientes sólidos y garantizar el debido proceso. Según Saucedo, otro obstáculo clave es la injerencia del poder Ejecutivo, que limita la autonomía de las fiscalías y genera conflictos internos que afectan su desempeño.

Para enfrentar estos problemas, Saucedo sugiere eliminar las restricciones que impiden a las fiscalías estatales y federales trabajar en conjunto en casos de delincuencia organizada. Esto permitiría una coordinación más eficiente y aliviaría la carga sobre las autoridades locales que, actualmente, se ven desbordadas por la cantidad de delitos del fuero común que deben investigar.

Guanajuato, uno de los estados más afectados por la violencia, refleja la magnitud del problema. Con 143,334 carpetas abiertas, solo 256 casos llegaron a juicio, lo que representa un 0.18 %. Esta ineficiencia es especialmente alarmante considerando que la entidad es escenario de conflictos entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del robo de combustible y el narcotráfico. La situación llevó a la reciente renuncia de Carlos Zamarripa Aguirre como fiscal del estado, quien estuvo 15 años en el cargo, enfrentando críticas por la gestión de la violencia en una de las regiones más peligrosas del país.

Otro caso preocupante es el de Colima, donde la lucha por controlar el puerto de Manzanillo ha disparado los niveles de violencia. El estado reportó 108 homicidios por cada 100,000 habitantes, la tasa más alta del país. Sin embargo, solo 0.46 % de las 30,673 carpetas abiertas en 2023 llegaron a juicio, lo que muestra la grave incapacidad de las autoridades para hacer frente a la crisis.

Otras entidades con niveles críticos de ineficiencia incluyen Oaxaca, donde apenas se levantaron seis acusaciones formales de las miles de denuncias recibidas, lo que representa un 0.001 % de judicialización. Sonora, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala y la Ciudad de México también registraron porcentajes muy bajos, oscilando entre 0.06 % y 0.76 %.

No todo es negativo: algunas regiones han logrado destacar por su desempeño. Yucatán, con 4,772 carpetas, formuló acusación en 518 casos, alcanzando una tasa del 10.85 %. Por su parte, Baja California, con 115,272 expedientes, llevó a juicio el 10.21 % de sus casos. Estos ejemplos demuestran que es posible desarrollar sistemas de justicia más eficientes, aun cuando el panorama general en el país sigue siendo preocupante.

Foto por Cuarto Oscuro