La guerra contra las papas

El último día de gobierno del presidente AMLO, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió unos lineamientos que han generado un torbellino de controversias, cada vez más serias y cada vez más ridículas, por la prohibición de la comida chatarra en las escuelas. En frío, la medida es un paso positivo en la lucha contra la obesidad y otros problemas de salud que aquejan a México. Sin embargo, al analizar su implementación, han surgido dudas sobre su efectividad y sus consecuencias no deseadas.

Las escuelas que han comenzado a adoptar estas nuevas regulaciones enfrentan un dilema complicado con sus concesionarios. Muchos de estos concesionarios dependen de la venta de productos que ahora están prohibidos, lo que genera tensión entre las instituciones y sus proveedores. Algunos directores han reportado que, en un intento de cumplir con la norma, han comenzado a decomisar a los niños frutsis y papitas que llevan de casa, incluso llamando a las madres para regañarlas por darles chocolate en lugar de linaza, o algo así. Este tipo de medidas, lejos de ser educativas, se perciben como autoritarias y generan un ambiente de desconfianza y tensión entre familias y escuelas.

Lo más frustrante para el legislador alimentario (pero muy nuestro) es que, a tan solo 48 horas de la entrada en vigor de la prohibición, ya había surgido un mercado negro de golosinas. Las cooperativas escolares que tienen el polvo pero no lo exhiben (el de Miguelito o el tix tix, me refiero). Los alumnos que ya se convirtieron en pequeños comerciantes, llevando su "stash" de chetos para vender a sus compañeros a sobreprecio, quizás guiados por padres que ven en esta situación una oportunidad comercial, “porque si la vida te la limones, etcétera”. Esta dinámica no solo contradice el espíritu de la prohibición, sino que también introduce un elemento de ilegalidad y competencia desleal en el entorno escolar. Un clásico del legislador que cree poder cambiar la realidad por decreto. Otra vez, muy ilustrado, muy ingenuo.

Es innegable que los problemas de obesidad, hipertensión y diabetes son causas de mortalidad importantes en México. Durante la pandemia, estos problemas fueron aún más evidentes, y el costo que representan para el Estado es significativo. La intención de la SEP de combatir la mala alimentación es loable, pero la estrategia elegida parece reminiscente de la prohibición del alcohol en los años veinte en Estados Unidos. En aquel entonces, la medida no erradicó el consumo, sino que lo llevó a la clandestinidad y creó un mercado negro, con figuras como Al Capone prosperando en un contexto de ilegalidad. Con la comida chatarra, podríamos estar en camino de crear nuestros propios "capones" de los chamoys y un Eliot Ness que bautizaremos como El Zar Anti - Doritos. Y si llegamos ahí, la verdad qué chafas.

En lugar de imponer restricciones, suele ser más efectivo promover la educación alimentaria, ofrecer alternativas atractivas y accesibles, y crear un entorno que fomente hábitos saludables desde una edad temprana. Las escuelas podrían beneficiarse de programas que enseñen a los niños sobre nutrición y la importancia de una alimentación balanceada, en lugar de centrarse únicamente en lo que no se puede consumir. La estrategia contra el tabaco y la nicotina rindió frutos, pero tomó tiempo, y los políticos no suelen ser pacientes, porque su horizonte de apuestas se mide en trienios y sexenios.

Parezco disco rayado citando las tesis de Albert O. Hirschman que detallan el pensamiento reaccionario, pero es que la realidad mexicana no se ayuda. La de la perversidad, dice que un cambio abrupto mal pensado, genera una reacción en sentido contrario de la pretendida: en este caso, lo de la mafia de las frituras y el comercio informal. La de la futilidad, partiendo de la misma premisa, que todo lo que se haga no servirá para mitigar nada del problema abordado: en este caso, que la alimentación de los estudiantes no se vuelva más sana. A ver qué pasa.