Omisiones del Congreso y acceso a la justicia

Esta omisión, la falta de una regulación idónea que permita el acceso a la justicia a los ciudadanos y tal vez el desconocimiento, ha llevado a los Congresos de las entidades federativas a proponer y publicar reformas a sus códigos procesales civiles y familiares, para establecer nuevas reglas en dichas materias; sin embargo, al no contar ya con esas facultades, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado, en varias ocasiones, la invalidez de dichas reformas, con lo que se genera un círculo vicioso.

Por ello, hoy en día, las reglas procesales para divorciarse, pedir pensiones alimenticias, demandar incumplimientos de contratos, los procedimientos de adopción, rectificación de actas, reconocimiento de paternidad, pérdida de patria potestad, declaraciones de interdicción y sucesiones, entre otras; se encuentran en una pausa obligatoria desde hace tres años, lo que imposibilita reformarlas para adecuarlas a las nuevas realidades del país y con un acceso mucho más limitado por la contingencia en la que los tribunales de cada estado, han optado por suspender o limitar sus actividades.

Las relaciones civiles y familiares son los cimientos para una convivencia armónica y en tiempos de pandemia adquiere especial relevancia esta legislación, pues uno de los grandes efectos secundarios en todo el mundo por el confinamiento ha sido el replanteamiento de las relaciones interpersonales, en muchos casos con resultados positivos para las familias que salen fortalecidas y, en otros tantos, con desenlaces que concluyen en separaciones o divorcios que derivan en afectaciones directas a los derechos de niñas, niños y adolescentes.   

Mientras advertimos estos efectos secundarios, el acceso a la justicia civil y familiar constituye una exigencia que socialmente debe garantizase, adaptarse a la nueva normalidad y estar presente en la agenda legislativa del siguiente período ordinario de sesiones considerando, entre otros elementos: 1) La necesaria modernización digital del sistema de impartición de justicia civil y familiar, tal como ya ocurre con el amparo y el juicio contencioso administrativo federal; 2) Otorgar validez a las promociones judiciales que se realicen a través de medios digitales y establecimiento de reglas para el uso de firmas electrónicas; 3) Establecer procedimientos diferenciados y con una protección reforzada para niñas, niños y adolescentes; 4) Respetar y fortalecer las facultades de órganos especializados como las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 5) Identificar y respetar los derechos transversales de grupos vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y migrantes. 

“Las familias mexicanas son solidarias, fraternas y producto de una cultura milenaria” declaró el Presidente hace unas semanas, pero mientras no se retome en la agenda legislativa de los distintos grupos parlamentarios la urgente necesidad de emitir el Código Procesal respectivo, seguiremos celebrando aniversarios de nuestra independencia y de omisiones legislativas en perjuicio de las familias de nuestro país.