El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, anunció que la elección popular de mil 600 ministros, jueces y magistrados tendrá un costo aproximado de 3 mil a 3 mil 500 millones de pesos, y será organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).
En el tercer foro para la reforma judicial propuesto por el Ejecutivo federal, Monreal explicó que estos costos pueden ser cubiertos con parte de los 23 mil millones de pesos que el Poder Judicial tenía en fideicomisos, los cuales serán entregados a la Tesorería de la Federación. “En un cálculo aproximado que hemos hecho con actuarios y personal del INE, a quien se le faculta esa responsabilidad, pudieran erogarse entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos por única ocasión”, aseguró Monreal en el foro “Austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores”.
El evento, celebrado en Toluca, contó con la presencia de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Monreal enfatizó que, para el gobierno de la Cuarta Transformación, “la austeridad sí es un deber, sí es una política de estado”. “Desde que inició el gobierno del presidente López Obrador, la mayor parte de los órganos del estado así lo hemos asumido, con excepción del Poder Judicial y de órganos autónomos”, añadió el legislador.
El senador acusó al Poder Judicial de violar la disposición del artículo 127 de la Constitución respecto a las remuneraciones de todos los servidores públicos en funciones. “De existir mayores ingresos, salarios y prestaciones que los devengados del Ejecutivo federal, una vez que entre en vigencia la reforma, los montos deberán ajustarse”, afirmó.
Monreal subrayó que los ministros, jueces y magistrados en retiro no recibirán pensiones vitalicias ni haberes de retiro tras la implementación de la reforma. Reiteró que “los derechos laborales de los trabajadores serán respetados en la Constitución, pensiones, apoyos médicos, seguros, aguinaldos y cualquier otra obligación”.
Por su parte, Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, expresó que “frente a tantas carencias de personal, instalaciones y equipo de los tribunales de justicia locales, no es posible hablar de austeridad”. Señaló que “el debate debe ser en favor de la autosuficiencia presupuestal y la racionalidad del gasto, además de su aplicación oportuna, transparente y eficiente”.
Sodi Cuéllar destacó un dato del Inegi, indicando que en el país hay 4.6 jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que en el Estado de México la cifra disminuye a 2.8. “El personal es insuficiente, lo que genera lentitud y rezagos que abatir debería ser uno de los principales objetivos de una reforma integral”, apuntó.
El magistrado sugirió que el estándar internacional implica tener 18 jueces por cada 100 mil habitantes, aunque propuso una meta más realista de 10 jueces por cada 100 mil habitantes. Además, instó a fortalecer la autonomía presupuestal de los poderes judiciales de los estados mediante la incorporación en la Constitución de presupuestos progresivos e irreductibles, nunca inferiores al 4 por ciento de los recursos de cada entidad, una propuesta que no contó con el respaldo de Monreal.
Finalmente, Sodi Cuéllar pidió la creación de un fondo de apoyo para la impartición de justicia en las entidades, reformando la Ley de Coordinación Fiscal e incorporándolo al Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Foto por Cuarto Oscuro