La Superintendencia de Transporte emitió un llamado urgente a las autoridades locales, instándolas a intensificar las acciones de control frente al transporte informal, una problemática que ha generado diversas inquietudes en las últimas semanas. Este pronunciamiento refuerza la necesidad de cumplir con las normativas vigentes que regulan los servicios de movilidad en el país.
El comunicado recalca la importancia de respetar las disposiciones contenidas en la Ley 336 de 1996 y la Ley 769 de 2002, las cuales establecen que solo los prestadores debidamente autorizados pueden operar en el sector del transporte. La Superintendencia enfatiza que aquellos que ofrezcan el servicio sin la debida autorización estarán sujetos a sanciones.
Entre las penalizaciones previstas por la ley, el comunicado recuerda que el artículo 49 de la Ley 336 contempla la inmovilización del vehículo como una de las medidas aplicables a quienes operen sin autorización. "Cualquier vehículo particular que preste servicios de transporte de manera ilegal estará expuesto a estas sanciones", destacó la entidad.
Además, la Superintendencia ha otorgado un plazo de tres días a las autoridades de tránsito locales para que tomen medidas inmediatas y ejecuten las instrucciones necesarias para intensificar los controles. En su directriz, la entidad asegura que estas acciones deben ser implementadas sin dilación, a fin de garantizar el cumplimiento de la ley.
El organismo regulador también hizo hincapié en que algunas autoridades locales han mostrado resistencia para aplicar las normativas vigentes. Esta actitud, según la Superintendencia, dificulta el ordenamiento del sector y el cumplimiento de la ley. "Las normas son claras y deben ser cumplidas por todos", puntualizó, resaltando la importancia de no relajar las medidas de control frente al transporte informal.