Claudia Bolaños
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una norma del Código Penal de Tamaulipas que imponía una pena fija de cinco años de suspensión para servidores públicos que cometieran delitos sexuales en abuso de su cargo, al considerar que dicha sanción violaba el principio de proporcionalidad.
La mayoría del Pleno de la Corte determinó que la pena fija impedía un análisis individual de cada caso, lo que contravenía la facultad del juez de determinar una sanción conforme a las circunstancias específicas del delito. Sin embargo, la ministra Yasmín Esquivel votó en contra de esta decisión, argumentando que la invalidez de las penas fijas no debe prevalecer sobre la protección reforzada a las víctimas de violencia sexual, tal como establece la reciente reforma constitucional de noviembre de 2024.
Esquivel destacó que uno de los tipos de violencia más graves es cuando los servidores públicos abusan de su cargo para cometer agresiones sexuales, lo que hace aún más relevante la necesidad de aplicar un enfoque de protección que priorice los derechos de las víctimas, especialmente mujeres, niñas y niños.
En su voto disidente, la Ministra respaldó su postura con precedentes de la SCJN, citando una decisión de 2007 en la que se validó una pena fija similar en el Código Penal Federal, debido a la gravedad de los delitos sexuales cometidos por servidores públicos y la necesidad de proteger derechos fundamentales como la libertad sexual.
Esquivel insistió en que la reciente reforma constitucional debe garantizar una protección más robusta y un enfoque especializado en estos casos, para asegurar una respuesta judicial acorde a la magnitud del daño causado a las víctimas.
Con esta postura, Yasmín Esquivel subrayó que, en casos tan delicados, la protección de las víctimas debe prevalecer, alineándose con el mandato constitucional que exige una defensa reforzada para las personas más vulnerables en la sociedad.