El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) en el que la Administración Portuaria Integral (API) de Salina Cruz y la Secretaría de Marina destacan por la cantidad de contratos de adjudicación directa que otorgan para realizar las compras de sus insumos.
“La Administración Portuaria Integral de Salina Cruz es la institución más riesgosa en la clasificación del monto muy alto (+3 mil millones de pesos) por la falta de competencia”, dijo.
Detalló que en 2020, gastó 4 mil millones de pesos, de los cuales 99% fue adjudicado directamente.
La Secretaría de Marina, reveló, asignó 96% del monto a procesos de excepción, mil 900 millones de pesos por adjudicación directa (72%) y 671 millones por invitación restringida (24%).
Destacó que algunas instituciones incumplen con la publicación de los documentos de cada compra. “24% de las compras del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no cuenta con un hipervínculo a Compranet”, aseguró.
“Entre 2018 y 2020, 66% de las instituciones de salud empeoraron en el IRC, sobre todo en el cumplimiento de la ley”, indicó y agregó que entre éstas se encuentran el Instituto Nacional de Cancerología y Laboratorios de Biológicos Reactivos de México (Birmex).
Cabe destacar que la Administración Pública Federal está conformada por más de 260 instituciones que realizan compras públicas que representan, en promedio, 300 mil millones de pesos gastados en 150 mil contratos al año.
En el análisis también asegura que 66% de las adjudicaciones directas realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional no tienen el documento del contrato publicado.
El IMCO detalló que las compras públicas de instituciones del sector educación son publicadas de manera tardía.
“El 85% de las compras de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos fueron publicadas en Compranet después de la fecha de inicio del contrato”, reveló.
Señaló que no fue posible monitorear los riesgos de corrupción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) porque desde 2015 las contrataciones realizadas por esas instituciones no están sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), por lo que están exentas de el registro y publicación de contrataciones en Compranet.
En contraste, el IMCO señaló que los organismos constitucionales autónomos son los que presentaron menor riesgo de corrupción en sus compras.
En 2020, reveló, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) gastó 99.7% del monto de compras públicas por procesos de licitación pública.
El Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) cumplieron con la ley y fomentaron los principios de competencia y transparencia en las compras.
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