En abril de 2023, Dioselina Zavala González, de 69 años, descubrió que su nieto (LTM), un niño de seis años con discapacidad neuromotora, sufría abuso sexual por parte de su padre, Héctor Tenorio Rodríguez, en la Ciudad de México. Las pruebas incluyen testimonios del menor —que describió actos de penetración y violencia— y un dictamen forense que confirmó lesiones anales compatibles con abuso. El peritaje de la Procuraduría capitalina documentó "borramiento de pliegues anales y tono disminuido del esfínter", consistentes con penetración reiterada. El niño relató que su padre usaba objetos como una "inyección amarilla" y un "martillo" para lastimarlo, además de actos de violación desde los 5 meses de edad. Contó 80 agresiones y reveló que su madre, Beatriz Morales, lo sabía pero no lo protegía.
La jueza Claudia Jiménez Teutli archivó el caso al considerar inválida la declaración del menor por no estar videograbada, a pesar de las pericias y el respaldo de expertas como la antropóloga Paola Alcalá, quien confirmó maltrato físico y sicoemocional. El Sistema Nacional DIF entregó la custodia del niño a la hermana del agresor, pese a que la familia materna alertó que el padre sigue teniendo acceso a él. La tía del menor, Mireya Morales, denunció que las autoridades "actuaron con negligencia" y que el niño sigue en riesgo.
En México, el 75% de los abusadores son familiares o cercanos, según datos de la ONU.
Dioselina, quien enfrenta una contrademanda por "sustracción de menores", exige reformas legales para proteger a las infancias. Organismos como UNICEF destacan la urgencia de protocolos que prioricen el testimonio infantil sin requerir formalismos técnicos. En 2023, se registraron 6,377 denuncias por abuso sexual infantil en México, con un promedio de 23 casos diarios. Expertas señalan que la cifra real es mayor por la revictimización y falta de acceso a la justicia.
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