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Chiquita Brands apelará tras ser señalada responsable de financiar paramilitares en Colombia
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AFP
La empresa Chiquita Brands, una de las líderes mundiales en el cultivo y distribución de banano, considerada responsable de financiar al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por un jurado en Estados Unidos, anunció este martes (11) que apelará la decisión anunciada en la víspera.
"Aunque nos sentimos decepcionados por esta sentencia, confiamos en que nuestra posición jurídica finalmente prevalecerá", afirmó la empresa estadounidense en una nota enviada a la AFP.
En su veredicto del lunes, un jurado convocado por un tribunal federal de Florida ordenó a Chiquita indemnizar con 38,3 millones de dólares (unos 205 millones de reales) a las familias de ocho personas asesinadas por las AUC, responsables de otros centenares de muertes en Colombia.
"Nuestros clientes arriesgaron sus vidas cuando demandaron a Chiquita, poniendo su fe en el sistema de justicia de Estados Unidos", dijo Agnieszka Fryszman, una de las abogadas de los demandantes.
"El veredicto no traerá de vuelta a los maridos e hijos que fueron asesinados, pero deja las cosas claras y sitúa la responsabilidad por la financiación del terrorismo donde corresponde: en Chiquita", añadió en un comunicado.
El gigante del sector bananero ya había admitido en 2017 ante los tribunales estadounidenses que entre 1997 y 2004 financió a las AUC, una organización que en su momento fue considerada terrorista por el gobierno de Estados Unidos, que convirtió su apoyo en un delito federal.
Este apoyo fue "prolongado, regular y sustancial", según el Departamento de Justicia, por lo que la empresa recibió una multa de 25 millones de dólares (alrededor de 134 millones de reales).
La empresa afirmó, sin embargo, que fue víctima de extorsión cuando pagó el dinero al grupo paramilitar y que lo hizo para proteger a su personal e instalaciones en la región de Urabá, en el noroeste de Colombia.
Las AUC sembraron el terror en Colombia en la década de 1990, durante una guerra contra las guerrillas de izquierda, a veces con la ayuda de miembros de las Fuerzas Armadas.
Casi 20 mil combatientes de las AUC fueron desmovilizados entre 2003 y 2006, durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).
Los ocho demandantes en el caso de Florida alegaron que Chiquita transfirió casi 2 millones de dólares (11 millones de reales) a las AUC e incluso ayudó a los paramilitares a transportar armas y drogas, a pesar de saber que la milicia estaba involucrada en graves violaciones de derechos humanos.
El jurado aceptó el argumento de que el dinero entregado a los paramilitares fue utilizado para cometer asesinatos, secuestros, extorsiones, torturas y desapariciones forzadas.
Marco Simons, abogado general de la ONG EarthRights, que ayudó a los demandantes, acogió con satisfacción el veredicto, considerándolo "un mensaje poderoso para las empresas de todo el mundo: los beneficiarios de abusos contra los derechos humanos no quedarán impunes".
Otras demandas civiles contra Chiquita están en curso en Estados Unidos por las mismas razones. En ellos participan cientos de demandantes.
arp/bfm/arm/mas/fp/mvv/ic
© Agencia France-Presse
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