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"Es tiempo de construir puentes entre los poderes Legislativo y Judicial": Yazmín Esquivel
Nación
Héctor Cruz
Ante la propuesta presidencial de Reforma Judicial del país, la Ministra Yazmín Esquivel Mossa manifiesta que es tiempo de comenzar a construir puentes con el Poder Legislativo, para sacar la mejor reforma en toda la historia del Poder Judicial, con la finalidad de contar con jueces y magistrados con un perfil social, que entiendan su entorno y, sobre todo, se alejen de los poderes fácticos.
“Es importantísimo este diálogo, que debe darse de manera inmediata, a la brevedad y efectiva. Lamentablemente, hoy no lo tenemos ni en la Corte, donde cada uno de los ministros tenemos propuestas, pero no como cuerpo colegiado. Lo bueno es que está construyéndose este dialogo con los foros o con ‘Los Diálogos Nacionales’, que hace la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados”, comenta.
En medio de la crisis que se vive y el enfrentamiento que hay con el poder ejecutivo, considera que es tiempo de dejar de lado los intereses personales para dar paso a la transformación del poder judicial
“El enfrentamiento y el rompimiento de puentes no favorece nunca a las instituciones. Hoy tenemos que pensar más que en posicionamientos individuales, en un posicionamiento institucional que favorezca al poder judicial federal”,subraya desde la sala de juntas decorada con reconocimientos y fotografías de su trayectoria, pero en la que destaca el cuadro con la bendición papal.
Asegura que existe una total independencia de poderes en el país, pero en el caso del judicial, esta independencia se acrecentará al contar los jueces y magistrados con el aval de la sociedad mediante el voto.
“El poder judicial es independiente, debe ser separado de los poderes creados, el ejecutivo y el legislativo; pero también de aquellos factores externos de poder, ¿cuáles son estos?, de los poderes económicos, de los poderes de medios de comunicación, de los partidos políticos, de los poderes fácticos, alejados de todos esos poderes” precisa.
Por ello, defiende su propuesta que presentó ante dicha Comisión basada en siete puntos, “que responden al mandato popular y ciudadano, con la garantía de la independencia judicial”, de la que tiene confianza contribuirá a las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre las que destacan la renovación del Poder Judicial, “que debe ser progresiva e iniciar en el año 2025 y finalizar hasta el 2037”, señala.
Entrevistada por ContraRéplica en sus oficinas del histórico inmueble de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Esquivel Mossa destaca que, además, su propuesta la fundamenta en que los mexicanos no sienten que la justicia esté cerca de ellos, “y, en ese sentido, fue muy importante la propuesta del señor Presidente el pasado 5 de febrero”, afirma.
Agrega que en este momento existe el reclamo de los mexicanos al actual sistema de justicia, de allí que jueces y magistrados cargan en sus hombros la enorme responsabilidad de no marginar al más pobre, por lo que es necesario contar con jueces de excelencia y votados por el pueblo.
Explica que su propuesta es que existan jueces cercanos a la población, sin afectar la carrera judicial y los derechos laborales adquiridos de los más de 50 mil trabajadores en la SCJN, quienes también tendrán la posibilidad de concursar y ser elegidos por el pueblo, a fin de que la justicia vaya a todas partes y a todos los rincones del país.
“¿Qué es lo que pasa ahora? Pues que en las comunidades más alejadas, no tienen siquiera para el transporte para ir a la cabecera municipal y buscar un asesor jurídico gratuito. Entonces, hoy la justicia es para quien puede pagar asesoría de abogados. La señora que requiere la pensión alimenticia, no tiene dinero para pagar al abogado. Necesitamos defensorías jurídicas gratuitas y eficientes, que vayan a las comunidades donde está la necesidad de justicia en materia agraria, social, de regularización territorial. La herencia de la sucesión por la posesión de la tierra, pensiones alimenticias, violencia familiar, en fin”, comenta.
Tal situación, revela, es que el Ejecutivo federal planteó una nueva integración, forma de elegir y designar a los jueces, magistrados y ministros, por lo que ella propone que esta tarea, en una primera elección, tendría que hacerse en 2025, una vez que la Reforma Judicial sea aprobada este año y, con lo cual, también renovarían a todos los miembros de la SCJN que disminuirían de 11 a nueve ministros, así como la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por cinco personas, también electas popularmente.
La segunda propuesta, señala, sería una sustitución progresiva de jueces y magistrados por elecciones cada tres años, porque hoy existen mil 653 impartidores de justicia federales, y la idea es que cada tres años vayan renovándose las plazas que queden vacantes.
“Esto nos permitirá dos cosas; una, no terminar de la noche a la mañana con un sistema de justicia que está funcionando; y, dos, sustituirlos de manera sucesiva, escalonada, cada tres años, únicamente en las vacantes, por lo que tendríamos un promedio de 300 a 340 plazas cada tres años de jueces y magistrados, que sucesivamente estaríamos concluyendo con la implementación en cerca de 15 años”, reitera.
Empero, de inmediato aclara que estos nuevos jueces se van a integrar con los anteriores, no son paralelos, pero estos nuevos impartidores de justicia gozarán de excelencia, con conocimiento para ser juzgadores, con el respaldo popular. Entonces, serían jueces de excelencia con legitimidad social.
Augura que la Reforma Judicial ocurrirá el próximo septiembre, por lo que la primera elección sería el 23 de marzo del 2025, de todos los integrantes de la Corte, del Tribunal de Disciplina Judicial y de 300 jueces y magistrados vacantes, que por renuncia, muerte, retiro o cualquier otra causa, estén disponibles las plazas.
Con base en su propuesta, establece que luego de la primera elección, vendría la de 2028, para 340 jueces y magistrados, cuyo número sería repetido en los años 2031, 2034 y 2037, “con lo que concluiremos la renovación del Poder Judicial Federal”, manifiesta con orgullo la Ministra.
Insiste que su planteamiento es de una Reforma Judicial progresiva, como sucedió con la Reforma Penal, en la que tardaron 8 años en su implementación. “aunque aún estamos por llevar a cabo el diagnóstico de las fallas que tiene el Sistema Penal Adversarial”, reconoció.
De allí que en enero pasado fue aprobada la nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, para todas las materias, dado que en el ámbito penal ya existe, aunque no ha dado los resultados deseados.
Reitera que uno de los puntos que más preocupa a la ciudadanía, es que las personas que vayan a juzgar sus casos, tengan el conocimiento y la experiencia suficiente, que conozcan el derecho y puedan determinarlo de una manera imparcial, independiente, autónoma y objetiva.
Por lo cual, plantea la creación de un Comité Técnico de Evaluación, integrado por los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y sean dos representantes por cada uno de ellos, cuya tarea será expedir el certificado de idoneidad para que la persona que concursa, tenga los conocimientos suficientes en la materia que va a juzgar.
Además, aclara, para estas aspiraciones, no sólo lo podrán hacer los recién egresados de la carrera de Derecho, sino también los 50 mil empleados de los juzgados y tribunales, que durante años aspiraron a ser titulares de esos recintos y no pudieron escalar, “pero esto no quiere decir que vayan a tener preferencia, los elegidos serán quienes demuestren sus conocimientos”, comenta.
Ante ello, rechaza que esta propuesta sea una puerta abierta para el crimen organizado, como se ha divulgado, “pues para eso tendremos el Comité Técnico de Evaluación. Tampoco que el Poder Judicial deje de ser independiente, o que vaya a estar sometido a los otros dos poderes. Por el contrario, será más fuerte, más autónomo, con impartidores de justicia más cercanos a la gente, al pueblo”, enfatiza.
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