La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) solicitó la cancelación de la elección judicial en México, argumentando un potencial riesgo de infiltración por parte del crimen organizado y grupos delictivos.
En un comunicado oficial, la Jufed destacó las recientes acusaciones de la Casa Blanca sobre supuestos lazos entre autoridades mexicanas y el narcotráfico, señalando que estas "coinciden con la advertencia de diversas organizaciones nacionales y extranjeras" respecto a la creciente influencia del crimen organizado en el país.
De acuerdo con la asociación, la posible penetración de redes delictivas en el proceso electoral representa un peligro significativo para la democracia y la seguridad de la ciudadanía mexicana, poniendo en riesgo la integridad de las instituciones judiciales.
El comunicado de Jufed también hace eco de las declaraciones del exembajador Ken Salazar, quien advirtió que la elección popular de jueces podría facilitar la influencia de grupos criminales en el sistema judicial mexicano. La asociación subrayó que esta medida podría "abrir la puerta a influencia indebida de élites políticas y económicas".
Además, se citan las preocupaciones de Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU, quien manifestó su inquietud por la reforma judicial mexicana, calificándola de "poco común a nivel internacional". En su opinión, es previsible que "grupos delictivos ejerzan presión para inclinar los resultados a su favor", lo que pondría en jaque la independencia del poder judicial.
La Jufed también señaló que durante la organización del proceso electoral se han observado "inconsistencias y graves irregularidades", lo que evidencia la falta de mecanismos de control eficaces para prevenir la injerencia de actores criminales en amplias zonas del país.
Enfatizando la gravedad de la situación, la asociación declaró que "México no puede permitir que su justicia quede sometida a intereses políticos o criminales". Finalmente, el comunicado concluye con una advertencia contundente: "La independencia judicial es el último bastión de la legalidad y el Estado de derecho. Si lo perdemos, perdemos nuestra democracia y las libertades de todas y todos".
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