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Mayoría de papás separados en México, 8 de cada 10, no da pensión
Nación
Claudia Bolaños
Ocho de cada 10 hogares de padres separados no reciben una pensión alimentaria, es decir, los hombres no atienden su responsabilidad moral, social y paternal en México.
Así se indicó en el Foro Nacional "Por una niñez más protegida: Instrumentación y alcances del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RENOA)", organizado por la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, que preside la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI).
Allí participaron especialistas y funcionarios que se pronunciaron por reducir los días para registrar a un deudor alimentario a cinco, pues hasta ahora se piden 90, es decir, tres meses en que sus hijos no reciben dinero y sus derechos alimentarios y de todo tipo se ven disminuidos.
Julieta Lujambio Fuentes, activista por los derechos de las madres solas y sus hijos, explicó que el 8 de mayo de este año, el Diario Oficial de la Federación emitió los lineamientos para la constitución del RENOA, el cual fue creado debido a la impunidad generalizada ante un derecho irrenunciable y vital de los menores de edad, que es el de los alimentos.
Y debido a que cerca de un tercio de las familias son encabezadas por mujeres, quienes se agobian al saber que no les alcanza para mantener a sus hijos.
Apuntó que con esta medida se restringe a los deudores la emisión de pasaportes o documentos migratorios, postularse a cargos de elección popular y puestos públicos como juez, magistrado, regidor o consejero de municipios, y se faculta al DIF como el órgano que opera este Registro y a los tribunales estatales de justicia para que alimenten y consulten las bases de datos.
Además, se establece que la institución que sea requerida sobre el estatus del deudor y no lo haga será corresponsable del delito.
El director general de Asuntos Jurídicos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de Familia (SNDIF), Alejandro Cárdenas Camacho, detalló que el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias opera de forma digital, pública, gratuita y únicamente alberga la información de deudas alimentarias decretadas a favor de las niñas, los niños y los adolescentes.
El acceso al Registro tendrá tres modalidades: consulta pública, acceso directo para los tribunales y por parte de las procuradurías de protección a la niñez.
Asimismo, los tribunales tendrán la obligación de suministrar mensualmente la información de los deudores alimentarios morosos.
Por otra parte, propuso que se disminuya a cinco días el plazo para llevar a cabo la inscripción y no 90 días como actualmente se estipula.
Patricia Olamendi Torres, defensora de las mujeres, se congratuló por este avance legislativo; no obstante, indicó que se debe trabajar para que en el país ser deudor alimentario sea razón de rechazo, señalamiento, vergüenza, deshonestidad.
Indicó que los juicios por pensión alimentaria tienen una duración de aproximadamente siete años, por lo que pidió diseñar acciones que eviten que los juzgadores permitan y solapen que los hombres no cumplan sus responsabilidades, y declaró desde el inicio de los procesos jurídicos una pensión provisional. También solicitó que estas personas no puedan acceder a un cargo público.
Rebeca Yolanda Bernal Alemán, abogada y defensora de los derechos de las mujeres y de la niñez, expresó que es fundamental capacitar a las autoridades jurídicas sobre la perspectiva de la infancia a efecto de que imparta justicia como es debido y exhortar a las instancias locales desde los congresos para que cumplan con los lineamientos de este Registro.
Planteó que el plazo de 90 días para que las personas sean inscritas al RENOA es enorme, por lo que propuso concientizar y dar a conocer a los niveles de gobierno y autoridades que hay un artículo en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que establece que se podrá pedir el certificado de no inscripción en dicho Registro.
Angélica de la Peña Gómez, exsenadora de la República y defensora de los derechos de las mujeres, mencionó que el interés superior de la niñez debe obligar a ver con otro enfoque cómo garantizar los derechos alimentarios, y ante ello el Estado tendrá que tomar decisiones de manera estructural y progresiva.
Consideró necesario que se trabaje para que los lineamientos del Instituto Nacional Electoral contemplen los criterios de la Ley "3 de 3" contra la violencia para evitar que lleguen a cargos públicos los deudores alimentarios.
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