Antonio Hernández Sánchez, candidato a magistrado civil, expone su visión sobre el proceso electoral judicial de 2025

Rodrigo Narváez 

El próximo 1° de junio de 2025, México vivirá un hecho sin precedentes en su historia democrática: por primera vez, la ciudadanía participará en la elección directa de jueces, magistrados y miembros del Tribunal de Disciplina, tanto a nivel federal como local. En este marco, Antonio Hernández Sánchez, aspirante a magistrado civil en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, compartió en entrevista con ContraRéplica su experiencia en el proceso y su análisis sobre esta relevante transformación institucional.

El abogado explicó que su registro como candidato fue posible gracias a la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024, la cual modificó el proceso de designación del Poder Judicial Federal. Dicha reforma fue replicada en la Ciudad de México, permitiendo que los jueces y magistrados sean ahora electos por voto ciudadano. En este nuevo esquema, Hernández Sánchez se inscribió en la convocatoria emitida por el Poder Ejecutivo local, compitiendo junto con aproximadamente 1,600 aspirantes. Tras un proceso de selección que incluyó evaluación y sorteo, fue uno de los cinco finalistas propuestos.

Respecto al perfil del cargo, indicó que el magistrado civil tiene como función principal la revisión de las resoluciones emitidas por los jueces en materia civil, es decir, todos aquellos asuntos relacionados con actos jurídicos entre particulares y entre personas y empresas, en el marco del derecho civil.

Uno de los aspectos más novedosos de esta elección es el formato de votación. A diferencia de procesos anteriores, los ciudadanos recibirán múltiples boletas —seis a nivel federal y tres en el caso de la Ciudad de México—, las cuales estarán diferenciadas por colores. Las boletas locales permitirán votar por magistrados del Tribunal de Disciplina, magistrados por materia y jueces. A diferencia del sistema tradicional en el que se marca una cruz, en esta ocasión los votantes deberán identificar al candidato y anotar su número en la boleta correspondiente, lo que implica una mayor complejidad y riesgo de errores que podrían derivar en votos nulos.

El candidato subrayó que este proceso representa un reto técnico, pero también una oportunidad para acercar el sistema de justicia a la ciudadanía. Considera que la reforma, aunque perfectible, marca un cambio significativo al permitir que la población participe en la elección de autoridades judiciales, del mismo modo que lo hace con cargos como diputados, senadores o gobernadores.

Asimismo, hizo énfasis en la importancia de la labor del Instituto Nacional Electoral (INE) para difundir de manera clara y pedagógica la forma en que se llevará a cabo el proceso electoral judicial. Además, reconoció que los propios candidatos tienen una responsabilidad en informar a la ciudadanía, mostrar sus trayectorias y fomentar una cultura cívica más activa.

Desde su perspectiva, la participación ciudadana es clave. Hernández Sánchez señaló que muchas veces se delega en unos pocos la decisión sobre cargos públicos, y ahora que la ciudadanía cuenta con el poder de elegir a sus jueces y magistrados, es indispensable que lo haga de manera informada. A su juicio, omitir la participación podría abrir la puerta a perfiles que carezcan de idoneidad técnica, profesional o ética.

Con más de dos décadas de experiencia en el Poder Judicial, Hernández Sánchez destacó su trayectoria como ejemplo de una carrera judicial sólida y progresiva. Inició en 2005 y ha ocupado diversos cargos, desde oficial administrativo hasta secretario de estudio y cuenta, juez y magistrado en distintas instancias.

Finalmente, expresó que uno de los objetivos de su campaña es contribuir a que la justicia sea más accesible para la población, sin menoscabar el rigor técnico que exige la labor jurisdiccional. Considera que esta elección representa no solo la posibilidad de contar con profesionales altamente capacitados, sino también con personas íntegras, con principios éticos y vocación de servicio público.

La elección del próximo 1° de junio será, sin duda, un hito en la vida democrática de México. En palabras de Antonio Hernández Sánchez, se trata de una "oportunidad extraordinaria que tiene la ciudadanía de elegir a sus jueces", una herramienta con la que la población podrá incidir directamente en la transformación del sistema de justicia del país.