Claudia Bolaños
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) decretó la “nulidad total” de la licitación pública internacional para la compra consolidada de medicamentos, bienes terapéuticos, material de curación y auxiliares de diagnóstico para los años 2025-2026, debido a diversas irregularidades cometidas por Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex).
Esta decisión fue tomada tras una intervención de oficio realizada el 26 de febrero pasado, donde se identificaron múltiples incumplimientos legales en la convocatoria, los anexos técnicos y las juntas de aclaraciones del proceso.
De acuerdo con el oficio UCP/233/DGCSCP/367/2025 de la Unidad de Contrataciones Públicas, que desglosa las irregularidades en 190 páginas, la licitación se encontraba "viciada de origen". Como consecuencia, la SABG determinó que el proceso deberá reiniciarse desde cero, y todos los contratos asignados durante esta licitación serán cancelados. Birmex cuenta con un plazo de seis días hábiles para cumplir con el dictamen.
El diputado del PAN, Éctor Jaime, manifestó que su bancada solicitará la comparecencia de los responsables de Birmex, la Secretaría de Salud y la Secretaría Anticorrupción, con el objetivo de esclarecer las irregularidades detectadas en este proceso. En su intervención, Jaime subrayó la importancia de garantizar la transparencia en los procedimientos de adquisición de medicamentos y bienes terapéuticos para evitar daños a las instituciones de salud del país.
Entre las anomalías detectadas se destacan la falta de una investigación de mercado previa, que debía haber servido como base para el diseño del concurso. Además, la convocatoria incluyó requisitos no previstos por la Ley de Adquisiciones, como la exigencia de constancias fiscales ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las cuales debían ser presentadas solo después de la asignación de los contratos.
Birmex defendió la solicitud de estos documentos desde el inicio, argumentando que no estaban prohibidos por la ley y que su inclusión agilizaría el proceso. Sin embargo, la SABG desestimó este argumento, enfatizando que las dependencias gubernamentales deben cumplir estrictamente con lo establecido por la normativa vigente.
Otro hallazgo importante fue la omisión de requisitos clave para la correcta realización de las subastas de descuentos (OSD), tales como los formatos necesarios para participar, las acreditaciones requeridas para los proveedores y la capacitación necesaria para poder competir en esta fase del proceso.
La intervención de la SABG ha dejado en evidencia los fallos estructurales en la organización y ejecución de esta licitación, lo que obliga a reiniciar el procedimiento para garantizar que el proceso sea transparente y apegado a la legalidad.