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México cuenta con cinco meses para negociar con comité de la ONU sobre desapariciones forzadas
Nación
El gobierno mexicano tiene hasta finales de septiembre o principios de octubre para alcanzar un acuerdo con el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas, que evaluará si lleva el caso de las desapariciones en México ante la Asamblea General del organismo internacional.
De acuerdo con el calendario oficial, el CED sesionará del 29 de septiembre al 3 de octubre, periodo en el que analizará, entre otros temas, la situación de las desapariciones forzadas en México. El comité está integrado por 10 expertos independientes encargados de supervisar la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Fuentes señalaron que las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) están al frente del diálogo con el comité. Desde el pasado 5 de abril, el gobierno federal notificó su disposición para colaborar con el organismo y revisar sus solicitudes, así como informar sobre las acciones implementadas en el país en materia de búsqueda y prevención de desapariciones.
“En apego a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, México seguirá atendiendo las solicitudes de información que remita el comité, a través de acciones urgentes, comunicaciones individuales e informes periódicos, a fin de que éste cuente con información fidedigna sobre el contexto actual en el país”, explicó la Segob en una tarjeta informativa.
Si el comité decide escalar el caso ante la Asamblea General, México tendrá que entablar un proceso de negociación. Cualquier resolución será votada en el pleno únicamente si existe un consenso previo entre la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario general de la ONU, António Guterres.
Expertos advierten que si el gobierno mexicano mantiene su negativa a reconocer una posible crisis de desapariciones y no coopera con el CED, el caso podría ser llevado incluso a instancias como la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia.
Actualmente, el comité elabora un conjunto de preguntas dirigidas a las autoridades mexicanas para conocer las medidas que están tomando en torno al fenómeno de las desapariciones, con el fin de generar un diagnóstico integral.
El pasado 4 de abril, el comité anunció la activación del procedimiento contemplado en el artículo 34 de la convención, una medida extrema que sólo se aplica ante indicios de desapariciones generalizadas o sistemáticas.
“Recibimos informaciones que, en nuestra opinión, contienen fundamentos suficientes para sostener que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio mexicano”, expresó el presidente del CED, Olivier de Frouville.
Esta postura fue rechazada por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como por la CNDH, dependencias federales y legisladores oficialistas. La Segob aclaró que “el gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”. En tanto, la CNDH consideró que la posición del comité está “descontextualizada” y reiteró que “esos señalamientos no corresponden a la realidad porque hoy la desaparición forzada no es sistemática ni mucho menos una política de Estado”.
Sheinbaum también se pronunció: “Rechazamos, lo hicieron la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, porque en México no hay desaparición forzada desde el Estado, toda la vida luchamos contra eso. Eso no existe en México”, afirmó.
En respuesta, el Senado aprobó un pronunciamiento en contra de Olivier de Frouville, solicitando su destitución. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, calificó de “acusación carente de sustento” la postura del comité.
El activista Michael Chamberlin considera que el Estado debe responder con seriedad al cuestionario del CED, no como una defensa política, sino como una muestra de voluntad para enfrentar la problemática. A su juicio, lo más probable es que el comité decida llevar el caso ante la Asamblea General.
“México ya es visto con preocupación en el exterior [...] ¿México está preocupado y quiere atender la problemática con o sin ayuda de Naciones Unidas o está solapando la existencia de estas desapariciones al tomar una postura defensiva y negacionista? Eso es lo que está en juego”, señaló.
Añadió que, en lo privado, el gobierno buscará evitar que el tema llegue al pleno de la ONU, aunque en lo público mantenga su postura crítica frente al comité.
Por su parte, Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, subrayó que el seguimiento no sólo lo realiza el CED, sino también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si el tema llega a la Asamblea, México deberá rendir cuentas no solo sobre las acciones para evitar la participación de agentes estatales en desapariciones, sino también sobre los esfuerzos de búsqueda.
“El comité está conformado por expertos independientes. Es decir, no son políticos, su interés no es político. Me parece que el gobierno tiene muy poca oportunidad de negociar la postura del comité. En eso el cálculo del Estado mexicano está fallando”, apuntó.
Finalmente, remarcó que “el problema no es lo que puedan pensar los organismos internacionales, sino lo que puedan pensar las víctimas, que son quienes realmente están siendo dañadas, no sólo con la desaparición forzada, sino con el rechazo a una problemática que a todas luces continúa sucediendo en el país. Este es un país con más de 127 mil personas desaparecidas”.
Según Olivares Ferreto, la desaparición forzada es un fenómeno actual y representa una grave violación de derechos humanos: “Las violaciones a derechos humanos que comete el Estado mexicano al no buscar a las personas desaparecidas, al no investigar ni sancionar a quienes cometen desaparición forzada, también son actos del presente”, concluyó.
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RN/CR
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