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Senado de Colombia aprueba avance de reforma que incrementa los recursos para regiones
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Con una contundente votación de 75 a favor y solo 2 en contra, el Senado colombiano dió un paso significativo hacia la descentralización con la aprobación del proyecto de acto legislativo 018, que busca reformar el Sistema General de Participaciones (SGP). Esta iniciativa, promovida por los senadores Guido Echeverri, Gustavo Moreno y Jairo Castellanos, y sustentada por el senador Ariel Ávila, tiene como objetivo incrementar las transferencias de fondos a las regiones, con un aumento proyectado del 39.5% respecto a los recursos actuales.
El Sistema General de Participaciones es el mecanismo a través del cual el gobierno central distribuye recursos a los departamentos, municipios y distritos del país para financiar servicios esenciales como agua potable, salud, saneamiento básico y educación. Este aumento en la asignación de fondos, que equivale a cerca de 100 billones de pesos, marca un paso hacia la autonomía fiscal para que las regiones puedan tomar decisiones sobre estos recursos sin depender del gobierno central.
Durante la discusión, Ávila y otros senadores subrayaron que esta reforma es una respuesta directa a la situación de pobreza en muchas regiones. Según señaló, las zonas más afectadas, como La Guajira, Chocó y Magdalena, enfrentan índices de pobreza extremos que dificultan su desarrollo y consolidación económica.
Sin embargo, la reforma no estuvo exenta de controversia. El ministro de Hacienda había propuesto un aumento menor, del 37%, debido a preocupaciones sobre el impacto en la sostenibilidad fiscal, mientras que el Ministerio del Interior sugería un alza del 41%. Finalmente, el consenso se fijó en 39.5% y se acordó la creación de una ley de competencias, que garantizará que los fondos sean utilizados adecuadamente y bajo criterios de eficiencia fiscal, manteniendo la estabilidad económica del país.
Para que la reforma entre en vigencia, aún requiere dos debates en la Cámara de Representantes. De aprobarse en las instancias restantes, las transferencias incrementadas se comenzarían a realizar a partir de 2027, con un plazo de implementación de 12 años. Según Moreno, la descentralización y el apoyo fiscal fortalecerán las capacidades locales para reducir la desigualdad territorial y fomentar la inversión en sectores críticos como la infraestructura educativa y sanitaria, de acuerdo con las necesidades locales.
Este proyecto, considerado “el más importante de esta legislatura” según varios senadores, representa un avance hacia un modelo más inclusivo y equitativo, abordando así las disparidades históricas que han dejado a muchas regiones rezagadas en términos de desarrollo económico y social.
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JA/CR
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