Por Claudia Bolaños
El presidente de la organización, México y el Mundo Vapeando, Juan José Cirión Lee, denunció que durante la última semana se han ejecutado, al menos, 20 acciones contra igual número de comercios de vaporizadores, localizados en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán y Benito Juárez, de la Ciudad de México, así como en la zona de Lomas Verdes en el Estado de México.
Los decomisos alcanzan hasta dos millones de pesos en valor de mercancía; tan sólo en Michoacán, se decomisaron más de mil unidades.
Estos operativos se realizan mientras el Congreso de la Unión avanza en la definición de una regulación al vapeo, por lo que envío un mensaje a los diputados federales.
“Hacemos un respetuoso llamado a las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión para plasmar en ley lo estipulado por la Suprema Corte; no dejemos de desaprovechar esta invaluable oportunidad que tenemos para avanzar en la lucha contra el tabaquismo; en estos momentos, en los que hemos sostenidos diálogo con legisladores no podemos permitir que las autoridades administraciones golpeen a los pequeños empresarios del ramo”, afirmó el dirigente de México y el Mundo Vapeando.
El especialista en Derecho Mercantil explicó que las autoridades que han ejecutado los arbitrarios operativos son el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), lo que violenta la resolución de la SCJN porque no hay elementos jurídicos para prohibir la venta de los dispositivos electrónicos.
“La serie de operativos que han emprendido autoridades federales contrapone lo que resolvió la Máxima Casa de Justicia del país el 19 de octubre de 2021, la cual unificó una contradicción de tesis que había entre la Primera y Segunda Salas, lo que derivó en jurisprudencia y que se vuelve obligatoria para todos los jueces federales, por lo que a partir de ello, cualquier persona que solicite un amparo, alegando cualquier acto de autoridad que le prohíba comercializar dichos productos, le van a conceder la protección federal”, explicó.
Adicional a ello, resulta que los productos decomisados corresponden a artículos que ingresaron al país por la vía de amparos, por lo que se trata de productos legales, a diferencia de los que se venden en tianguis, puestos ambulantes y vía pública, los cuales se introdujeron al país a través del contrabando, por lo que no existe garantía ni seguridad en su composición y su venta está al alcance de menores de edad.
Cabe mencionar que la COFREPRIS, en su alerta sanitaria del cinco de noviembre de 2021 sobre los vaporizadores, no tipificó que la venta de dichos dispositivos estuviera prohibida en México y se venden en diversos locales, incluidos en plazas comerciales.
Juan José Cirión Lee afirmo que aun y cuando es seguro que los comerciantes afectados ganarán en tribunales las querellas en contra de los operativos (frente al fallo de la SCJN), el problema radica en que, mientras se desarrolla el proceso legal, la autoridad les retiene el producto, lo que afecta la liquidez financiera de los comerciantes.
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