AFP
La Fiscalía de Colombia imputó por homicidio a 24 militares que abrieron fuego contra civiles en un pequeño poblado del sur del país a mediados de 2022, en un operativo cuestionado por Naciones Unidas.
Los uniformados "estarían involucrados en la muerte de 11 civiles el 28 de marzo de 2022 en el caserío Alto Remanso, de Puerto Leguízamo" en el departamento de Putumayo, indicó la institución en la red social X.
Son tres oficiales, cuatro suboficiales y 17 soldados que "portando prendas oscuras, distintas a las que tradicionalmente usa el Ejército Nacional, accionaron sus armas de dotación contra el caserío, justo cuando terminaba un bazar comunal", precisó la Fiscalía en un boletín.
El pelotón seguía la pista de un rebelde apodado "Bruno", cabecilla de un grupo disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) conocido como "Comandos Defensores de Frontera".
"Luego de varias horas de observación, y con pleno conocimiento de que Bruno no estaba en la zona (...) los uniformados realizaron cerca de 1.600 disparos contra 13 casas" y otros edificios comunitarios, señaló la entidad autónoma.
"Además, lanzaron granadas de 40 milímetros y de fragmentación", agregó.
Los militares no aceptaron los cargos impuestos.
El entonces presidente colombiano, Iván Duque (2018-2022), calificó la acción como "legítima". A su vez, el Ejército aseguró en su momento que los fallecidos eran rebeldes disidentes de las FARC o colaboradores de ese grupo armado.
La ONU, por su lado, pidió "enjuiciar" a los militares y denunció que dispararon contra niños, niñas y mujeres que participaban en el evento.
Entre los fallecidos, estaban un menor de edad, un gobernador del pueblo indígena kitcwhwa y un líder comunitario. Una adolescente embarazada fue alcanzada por el fuego pero sobrevivió, según la Fiscalía.