El gobierno de Estados Unidos intensificó sus acciones contra individuos que apoyan a organizaciones terroristas, específicamente Hamás, mediante la revocación de visas y permisos de residencia, así como la deportación de aquellos involucrados en actividades consideradas proterroristas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que se denegarán o revocarán las visas y tarjetas de residencia de quienes respalden a Hamás, enfatizando que Estados Unidos no tolerará la presencia de visitantes extranjeros que apoyen a grupos terroristas.
Esta política se implementó tras la detención de Mahmoud Khalil, un estudiante palestino y residente permanente en Estados Unidos, quien participó en protestas propalestinas en la Universidad de Columbia. Khalil fue arrestado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) bajo acusaciones de actividades alineadas con Hamás, lo que ha generado preocupación entre defensores de los derechos civiles sobre posibles violaciones a la libertad de expresión.
Además, las autoridades de inmigración han arrestado a otros estudiantes extranjeros involucrados en manifestaciones similares. Por ejemplo, Leqaa Kordia, originaria de Cisjordania, fue detenida por exceder su periodo de estancia permitido y participar en protestas. Asimismo, la visa de Ranjani Srinivasan, estudiante india, fue revocada por presunta apología de la violencia y el terrorismo, lo que la llevó a abandonar voluntariamente el país.
Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia de la administración del presidente Donald Trump para reprimir actividades consideradas antisemitas en campus universitarios y otras plataformas. La Casa Blanca ha respaldado las acciones del secretario Rubio, afirmando que tiene la autoridad para revocar visas o permisos de residencia de individuos cuyas actividades contradigan los intereses de Estados Unidos.
La comunidad académica y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por el impacto de estas políticas en la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica. El caso de Khalil, en particular, ha sido señalado como un posible precedente peligroso que podría disuadir la disidencia y limitar las libertades civiles en el país.
Foto por AFP