Claudia Bolaños
Este miércoles, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ofreció una conferencia de prensa en la que presentó un informe detallado sobre el caso Teuchitlán, señalando graves omisiones e irregularidades cometidas por la Procuraduría Estatal de Jalisco durante las diligencias ministeriales. El caso está relacionado con un rancho identificado como lugar de exterminio y entrenamiento por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En su intervención, Gertz Manero destacó que la procuraduría estatal no consideró en sus investigaciones los indicios y huellas encontrados en el lugar señalado como un centro de operaciones del cártel. Además, hizo hincapié en que no se registraron ni identificaron adecuadamente las prendas de vestir y calzado abandonados en el rancho, lo que constituye una falla grave en el procedimiento de investigación.
El Fiscal General puntualizó que, a pesar de haberse encontrado rastros óseos en el lugar, no se tomaron las medidas necesarias para determinar la antigüedad y la identidad de los restos, y tampoco se llevaron a cabo los análisis físico-químicos necesarios para vincular posibles actividades crematorias en el sitio. Asimismo, subrayó que no se realizó una inspección total y exhaustiva del inmueble, ni se ordenó la identificación inmediata de huellas dactilares, lo que demuestra un claro incumplimiento de las normativas ministeriales.
Otro aspecto señalado fue la falta de solicitud para la intervención inmediata de la Fiscalía General de la República, pese a la existencia de delitos federales como la posesión y utilización de armas de fuego de alto calibre y la delincuencia organizada. A pesar de que algunas personas secuestradas en el lugar ya habían declarado sobre los vínculos entre autoridades locales y el CJNG, estas pruebas no fueron tomadas en cuenta por las autoridades estatales, lo que obstruyó la investigación.
Además, Gertz Manero mencionó que las investigaciones locales no incluyeron los testimonios clave de víctimas que señalaban que las prendas encontradas en el rancho pertenecían a personas que habían sido reclutadas y entrenadas por el cártel. Se identificaron recientemente documentos de sicarios vinculados al CJNG, los cuales fueron detenidos en otras entidades, pero estas pruebas no fueron integradas en el expediente.
El Fiscal General también reveló que, a pesar de que el inmueble había sido asegurado por el Ministerio Público local, el lugar fue dejado en total abandono sin protección alguna. Asimismo, no se realizaron entrevistas a funcionarios municipales ni se levantaron actas testimoniales de los vecinos, lo que limita aún más la resolución del caso.
Como resultado de estas irregularidades, Gertz Manero exigió a las autoridades estatales que entreguen de manera urgente los peritajes definitivos y todas las acciones ministeriales relacionadas con el caso, para que la Fiscalía General de la República pueda determinar las acciones procedentes.
Este informe técnico-jurídico es esencial, dijo, para que la Fiscalía General de la República pueda atraer el caso del fuero común, y se basó en el principio de que dicha institución asuma la responsabilidad del caso debido a las evidentes fallas en el proceso investigativo por parte de las autoridades locales.