La Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado cuestionando la legalidad de la concesión otorgada por el gobierno mexiquense para el Viaducto Bicentenario, una vía de comunicación federal que, según la FGR, nunca obtuvo una concesión federal y es considerada propiedad de la Nación.
Este cuestionamiento surge tras la audiencia en la que cuatro exfuncionarios del gobierno mexiquense y representantes de la empresa Obrascón Huarte Lain (OHL), ahora Aleatica, no se presentaron para enfrentar imputaciones por asociación delictuosa, usurpación de funciones públicas y explotación de un bien de la nación.
Según la investigación de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC), durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, las autoridades mexiquenses otorgaron ilegalmente la explotación de la concesión de un tramo carretero, específicamente el Circuito Bicentenario de 22 kilómetros de longitud.
La FGR determinó que esta concesión fue ilegal y, por lo tanto, nula, lo que constituye el delito de Explotación de un bien de la Nación según la Ley General de Bienes Nacionales.
La Fiscalía destacó que esta acción permitió que un particular saqueara más de 8 mil millones de pesos mediante la explotación ilegal de la vía federal, con el 99.5% de los ingresos totales para el particular y apenas el 0.5% para el gobierno del Estado de México, sin que la Federación recibiera ningún ingreso por la explotación de un bien de su propiedad.
En cuanto al juez Daniel Ramírez Peña, la FGR solicitó su recusación por incurrir en un impedimento para seguir conociendo del asunto. Además, se iniciará un juicio correspondiente contra el juez, y la Fiscalía anunció que emprenderá todos los recursos legales disponibles para proteger los bienes de la Nación y buscar justicia.