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Jueza vinculada a proceso por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias
Nación
En un fallo emitido por un juez de Control de Xalapa, la jueza Angélica Sánchez Hernández fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Además, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su contra.
La Fiscalía General del Estado presentó diversas pruebas que respaldan las acusaciones contra la jueza, lo que llevó al Juez de Control a considerar que existen elementos suficientes para iniciar un juicio en su contra. Sin embargo, es importante destacar que la vinculación a proceso no implica su culpabilidad.
El Instituto Federal de la Defensa Pública (IFDP), encargado de la defensa de la jueza, denunció que el juez de Control declaró privada la audiencia y dictó la prisión sin permitir un debate entre las partes involucradas.
Por su parte, la Fiscalía General de Veracruz celebró el fallo emitido por el juez de Control y procedimiento penal oral del XI distrito judicial de Xalapa, con sede en el penal de Pancho Viejo.
Según la autoridad ministerial, la detenida habría realizado acciones en un cuadernillo de amparo, donde señaló la existencia de un juicio de amparo y afirmó la supuesta suspensión de plano otorgada a Itiel "N", quien era señalado por el crimen del legislador priista. Sin embargo, tras consultar el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó que el juicio de amparo mencionado no correspondía al quejoso ni a la materia del caso, además de no haber registro en los libros del Juzgado correspondiente. Por ello, la jueza fue acusada de presunta comisión del delito contra la fe pública.
La Fiscalía también señaló que la carpeta de investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el Poder Judicial del Estado en contra de la jueza vinculada, debido a la certificación de hechos falsos y la emisión de fe sobre situaciones que no podía constatar, ya que se trataba de hechos ocurridos en otro lugar distinto al de su ubicación.
Según el representante social, la jueza, aprovechando su participación en un caso específico, realizó múltiples llamadas telefónicas y envíos de correos electrónicos al CEFERESO de Coahuila, buscando gestionar la liberación de una persona privada de su libertad, una acción para la cual no estaba facultada. Por este motivo, se le acusa de presunto tráfico de influencias.
Durante el inicio de la audiencia, miembros del Instituto Federal de la Defensoría Pública discutieron durante dos horas para intentar representar también a la jueza, pero su solicitud fue rechazada.
Mientras tanto, los observadores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU), presentes para presenciar el caso, quedaron excluidos de la audiencia y se retiraron sin emitir comentarios.
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MM/CR
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