A seis meses de que finalice el actual ciclo del acuerdo, México ha entregado menos del 30% del agua pactada a Estados Unidos, lo que ha encendido alertas en ambos países por las posibles consecuencias diplomáticas y económicas.
A solo seis meses de concluir el ciclo quinquenal 36 del Tratado de Aguas de 1944 —que vence el 24 de octubre de 2025—, México mantiene un rezago preocupante en el cumplimiento de sus compromisos con Estados Unidos, al haber entregado menos del 30% del volumen pactado. La situación ha generado tensión diplomática y podría traducirse en sanciones si no se logra una solución en el corto plazo.
De los 2,160 millones de metros cúbicos que México debe entregar a su vecino del norte desde el 25 de octubre de 2020, solo se han cubierto poco más de 600 millones, lo que representa un déficit del 72%. El agua proviene de seis afluentes del río Bravo: Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y el arroyo de las Vacas. A medida que avanza el año y se mantiene la sequía, la presión aumenta.
Expertos de la UNAM y de la Universidad de Texas advirtieron que este incumplimiento podría agravar los conflictos bilaterales. Gonzalo Hatch Kuri, del Colegio de Geografía de la UNAM, explicó que México tiene dos opciones legales para evitar sanciones: la aplicación del Acta 234, firmada en 1969, que permite transferir la deuda al siguiente ciclo si no hubo déficit previo —como fue el caso en el ciclo 35—, o acogerse al nuevo Acta 331, de 2024, que permite usar excedentes de agua en los ríos San Juan y Álamo. No obstante, esta última alternativa requiere la negociación con concesionarios de presas como El Azúcar y Las Blancas.
El riesgo, advirtió Hatch Kuri, es revivir conflictos sociales como el ocurrido en 2020 en San Francisco de Conchos, Chihuahua, donde protestas contra la entrega de agua a Estados Unidos derivaron en violencia y muertes.
Desde el ámbito internacional, voces como la de la investigadora Rosario Sánchez, del Instituto de Políticas Públicas de Texas, subrayan que el tratado debe ser actualizado para incluir criterios climáticos ante eventos extremos como las sequías prolongadas. Aseguró que ambos gobiernos y la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) han evadido abordar estas modificaciones, a pesar de que ya se realizaron ajustes similares en el caso del río Colorado, en beneficio de México.
En tanto, en el ámbito nacional, persisten los problemas estructurales que impiden un manejo eficiente del recurso hídrico en los estados fronterizos. Hatch Kuri enfatizó la urgencia de reformar la Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992, para enfrentar las sobreconcesiones y mejorar el acceso equitativo al agua. Además, se reportan más de 12 mil pozos ilegales en Chihuahua, lo que agrava el descontrol del recurso en la región.
Foto por Cuarto Oscuro