¿Circuito judicial criminal?

En México se cometen más de 30 millones de delitos al año, pero apenas uno de cada diez se denuncia. Y de los pocos denunciados, sólo en una fracción mínima se abre una carpeta de investigación. Lo dice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Lo padecen millones de víctimas todos los días.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) ha documentado que entre 2010 y 2024 el promedio de delitos que no se investigaron —la llamada “cifra negra”— fue de 92.9%. Es decir: de cada cien delitos, sólo en siete casos intervino el Ministerio Público.

Las razones no son un misterio. Quienes han intentado denunciar saben que el sistema no está diseñado para acompañar, sino para desalentar. En el mejor de los casos se pierde el tiempo. En el peor, la víctima queda expuesta a una segunda agresión: la institucional.

La percepción social de ineficiencia e indiferencia de las autoridades no es una narrativa. Es una conclusión empírica. Más del 33% de las personas que no denunciaron un delito lo hicieron porque consideraron que era una pérdida de tiempo. Otro 16% lo atribuyó a la desconfianza en la autoridad.

De los pocos delitos que sí se denunciaron —10.8% en promedio—, apenas en el 65.5% se inició una averiguación previa o carpeta de investigación. En términos absolutos, esto significa que el aparato estatal sólo investigó el 7.1% de todos los delitos cometidos.

Peor aún: la mitad de esas investigaciones no condujo a nada. Entre 2012 y 2024, 49.7% de las carpetas abiertas quedaron sin resultado alguno. Sólo en el 8.6% de los casos el presunto responsable fue presentado ante un juez o se otorgó el perdón legal.

El año 2024 dejó cifras escandalosas: de los más de 31 millones de delitos estimados por la Envipe, sólo 182 mil concluyeron con un responsable procesado o perdonado. Esto representa el 0.58% del total. Una justicia que ignora al 99% de las víctimas no puede llamarse justicia.

Esta realidad no es homogénea. Estados como Guerrero, Chiapas y Tamaulipas encabezan la lista de entidades con mayor cifra negra. En ellos, el 95% o más de los delitos quedaron en la impunidad total.

A la desconfianza y la burocracia se suma otro elemento: el maltrato. Entre 2011 y 2024, casi la mitad de quienes acudieron a denunciar dijeron haber recibido un trato malo o muy malo. En la capital del país, esta cifra alcanzó el 63% en 2024.

Presentar una denuncia en el país implica perder al menos medio día. Según la misma fuente, más de la mitad de las víctimas tardaron más de tres horas en completar el trámite. En entidades como la mexiquense, dos de cada tres personas invirtieron ese tiempo.

La revictimización no es sólo un concepto académico. Es una experiencia frecuente. Es el fiscal que no escucha. Es la policía que no investiga. Es el sistema que obliga a repetir el relato del abuso una y otra vez, sin sensibilidad ni perspectiva de respeto a los derechos humanos.

En este contexto, el silencio deja de ser una decisión y se convierte en mecanismo de defensa. La víctima prefiere no exponerse, no incomodar, no perder más. La cifra negra se vuelve entonces un síntoma de la resignación colectiva.

Las estadísticas revelan también qué esperan las personas de las autoridades. Lo primero es protección, luego asesoría jurídica y, en tercer lugar, reparación del daño. Sin embargo, el Estado apenas logra cumplir una fracción de estas expectativas.

En 2024, sólo 3.5% de las víctimas accedió a algún tipo de reparación. La mayoría recibió una respuesta fría o inexistente. Por eso, aunque el marco legal ha avanzado, la distancia entre la ley escrita y la ley vivida sigue siendo abismal.

La denuncia, en lugar de abrir la puerta a la justicia, muchas veces abre otra herida. Por eso, mejorar el proceso de atención no es un lujo. Es una obligación mínima para un país que pretende construirse sobre el Estado de derecho.

México necesita una justicia efectiva, cercana, empática. Y necesita, sobre todo, un Estado que deje de voltear hacia otro lado. Por eso, la próxima elección popular de integrantes del nuevo circuito judicial --en junio próximo-- merece un voto de confianza. No debe haber duda de ello. Ejercicio de democracia inédito para todo el mundo.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz
Premio Nacional de Derechos Humanos 2017