Claudia Bolaños
En el primer reporte del presidente de México sobre los jóvenes desaparecidos en Iguala, de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, Andrés Manuel López Obrador exoneró de participación a militares en este caso y señaló que se podía tratar de una venganza de personas o instancias extranjeras, tal como lo hicieron con la detención del General Salvador Cienfuegos, y con él mismo al tratar de vincularlo con la delincuencia organizada.
En una carta, de 25 hojas, informó a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos que en el tiempo que le quede como presidente de la República, continuará la búsqueda de los jóvenes estudiantes desaparecidos “ y no descansaremos hasta conocer toda la verdad sobre este doloroso injusto indignante suceso. Considero que antes de su último informe pudieran “para satisfacción de los familiares de los normalistas cumplir el compromiso de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa y saber con mayor precisión lo sucedido “es decir la irrefutable y auténtica verdad de los hechos”.
Además, acusó que las autoridades, junto con la complacencia o confabulación de supuestos defensores de derechos humanos de la llamada sociedad civil y de organismos internacionales como la OEA y agencias del gobierno de Estados Unidos, se involucraron a quienes no participaron en la desaparición de los jóvenes y se dejó en libertad a quienes sí son responsables en el marco de la llamada ‘verdad histórica’.
“Con el paso del tiempo, empezaron a sostener sin pruebas que los culpables de esta infame tragedia no fueron las autoridades locales, estatales y municipales de Guerrero, ni la banda de delincuentes que operaba en esa región, totalmente coludidos con dichos funcionarios, sino que la culpa mayor recae en los soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el manejo de la consigna de que fue el Estado y, específicamente, fue el Ejército Mexicano”.
Acusó que entonces los abogados de los padres de los desaparecidos, incluso algunos de ellos mismos, a quienes dirige la misiva, de quienes siempre ha “aceptado cualquier señalamiento y hasta insultos, porque se trata de la pérdida de sus hijos", y quienes, con apoyo de la OEA y la ONU, así como de organizaciones de Derechos Humanos enfocaron todas sus ‘baterías’ contra el Ejército.
La misiva de López Obrador, fechada el 8 de julio, y dada a conocer este jueves por la Secretaría de Gobernación indica que una de sus hipótesis es que detrás de esta acusación contra los militares hubo una venganza del extranjero.
Ciertamente no hay duda de que la responsabilidad es del Estado, ya sea por omisión o por ocultamiento y fabricación de la llamada ‘verdad histórica’ de los funcionarios federales, estatales y municipales involucrados, pero el señalamiento al Ejército sin pruebas, dijo, le produce mucha desconfianza,y sostiene que “podría obedecer a un afán de venganza de personas o instancias del extranjero para debilitar una institución fundamental del Estado mexicano, como quisieron hacerlo en el caso del General Salvador Cienfuegos o como lo están haciendo ahora en mi , con una campaña de desprestigio sin pruebas, tratándome de vincular con la delincuencia organizada, básicamente con motivos políticos e ideológicos”.
El mandatario acusa directamente a Emilio Álvarez Icaza, como parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, de ser partícipe de este cambio de argumentos, ya que en un primer momento se sostuvo que las autoridades estatales habrían actuado con uso excesivo de la fuerza y se había permitido que un grupo de particulares actuaban persiguiendo los mismos intereses que los policías adscritos a la dirección municipal de Iguala, en vista de que habrían disparado de la misma forma en contra de los estudiantes.
Una de las mencionadas como responsable también del señalamiento contra los militares es “la pseudo periodista” Anabel Hernández, Como lo califica Andrés Manuel López Obrador en el texto dirigido a los padres de las víctimas.
También señaló la partición de la entonces subsecretaría de Gobernación, Lía Limón, que después fue postulada como alcaldesa de Álvaro Obregón y ahora forma parte del bloque conservador manejado por Claudio X. González.
La carta hace un recuento de los diferentes momentos por los que ha pasado el proceso judicial, como la misma rebelión en la fiscalía especial, que llevo a la denuncia de su titular.
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