Columnas
La historia reciente de Huixquilucan, municipio enclavado en el poniente del Estado de México, ofrece un claro ejemplo del uso patrimonialista del poder público. Desde 2016, Enrique Vargas del Villar y su esposa, Romina Contreras Carrasco, han tejido una red de poder que hoy amenaza con extenderse, bajo el argumento de la “continuidad gubernamental”, hasta alcanzar tres lustros al frente del ayuntamiento mexiquense.
En una democracia formal, la alternancia representa un mecanismo para garantizar la pluralidad y evitar los excesos. Sin embargo, en Huixquilucan el discurso de Vargas del Villar apuesta por lo contrario: instaurar un gobierno permanente en manos de una sola familia, valiéndose del capital político acumulado y del control institucional de la administración municipal.
Resulta alarmante que, como senador, Enrique Vargas haya sido el único legislador del Partido Acción Nacional (PAN) que votó a favor de postergar hasta 2030 la entrada en vigor de la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata y el nepotismo en gobiernos locales. La modificación al dictamen original impulsado por la titular del poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, tuvo un beneficiario directo: él mismo.
En un país donde las leyes deben blindar el acceso equitativo al poder, el comportamiento del senador raya en la desfachatez. No sólo votó para posponer una disposición clave contra el acaparamiento de cargos, sino que anunció públicamente su intención de regresar como presidente municipal en 2027. Lo hizo sin pudor, apelando a una supuesta demanda ciudadana que no ha sido verificada por ningún ejercicio democrático.
La figura de Romina Contreras, hoy alcaldesa, no se entiende sin el respaldo de su esposo. Aunque formalmente encabeza el gobierno local desde 2022, es Enrique Vargas quien aparece en los eventos centrales del municipio, quien entrega nombramientos, corta listones y da discursos como si siguiera en funciones. En los hechos, el municipio opera bajo su sombra.
El fenómeno ha sido bautizado por colectivos vecinales como “Varguismo”, término que encierra más que una estrategia política: describe una práctica sistemática de concentración del poder que coarta la competencia, desalienta la participación ciudadana y erosiona la institucionalidad. La concentración de tres periodos consecutivos —dos de Enrique Vargas y uno de su esposa— configura una hegemonía que ha impedido la fiscalización efectiva del poder local.
Las oposiciones han documentado prácticas que vulneran la equidad en las contiendas. Desde el uso de recursos públicos con fines proselitistas hasta la manipulación del aparato administrativo para reforzar el control territorial, los comicios en Huixquilucan se han llevado a cabo en un clima de desigualdad.
Las recientes declaraciones del senador sobre su posible regreso a la presidencia municipal no deben leerse como un mero acto de nostalgia política. Se trata de una señal clara sobre sus intenciones de eternizar un modelo de gobierno familiar que prioriza la continuidad personal sobre el desarrollo institucional.
El modelo Vargas-Contreras transita por la delgada línea que separa la legalidad de la legitimidad. Si bien no se han documentado violaciones formales a la ley, la ética pública exige más que el simple cumplimiento de las normas. Gobernar implica también sujetarse al principio de imparcialidad y rechazar la tentación de usufructuar el poder como herencia.
Huixquilucan no puede convertirse en el laboratorio de una dinastía. Si la reelección inmediata está en tela de juicio por sus riesgos para la democracia, el retorno de un ex alcalde mediante el intermedio de su cónyuge agrava aún más las sospechas sobre la instauración de un esquema autoritario en lo local.
Si Acción Nacional quiere conservar credibilidad como fuerza de oposición y defensor de la democracia, tiene la obligación de deslindarse de esta estrategia. No hacerlo lo convierte en cómplice de una estructura de poder que pone en entredicho los principios de alternancia y legalidad que dice defender. Dicho lo anterior, me quedo con esta frase emblemática de la película “La Ley de Herodes”: “¡no lo puedo creer Varguitas!, ¿De veras cambiaste la Constitución?”.
*Periodista | @JoseVictor_Rdz
Premio Nacional de Derechos Humanos 2017