En el Senado de la República siguen atorados muchos nombramientos, entre ellos los correspondientes a diversas magistraturas de los tribunales electorales de las entidades federativas.
En la mayoría de dichos órganos colegiados, los plenos se han completado habilitando a secretarias y secretarios de estudio y cuenta para encabezar las ponencias vacantes y ejercer las funciones inherentes al cargo, lo cual sin duda es válido, pero también genera conflictos jurídicos y políticos al interior de los órganos jurisdiccionales, pues siempre existe un grupo que quiere imponer a las y los suyos; aunado a que, en algunos casos, las togadas y togados no se resignan a dejar el cargo que ha concluido, suponiendo que es eterno y buscan por todos los medios aferrarse a la nómina.
El caso más reciente se dio en el noroeste del país, donde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Sala Superior), resolvió un asunto muy interesante en el expediente SUP-JDC-254/2023.
De acuerdo con la sentencia, la controversia se originó cuando el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral de Baja California, Germán Cano Baltazar, solicitó cubrir una magistratura vacante; sin embargo, la magistrada presidenta Carola Andrade Ramos rechazó su solicitud, debido a que, previamente, en el juicio SUP-JDC-1387/2022, la Sala Superior había dictado medidas cautelares a favor de Elva Regina Jiménez Castillo, para asegurar que continuara como magistrada hasta que el Senado cubriera la vacante o se resolviera el fondo del asunto, no obstante haber concluido el periodo para el cual fue nombrada.
Dicha determinación se dio con sustento en el artículo 12 de la Ley del Tribunal Electoral de Baja California (Ley del Tribunal), en el cual se prevé la posibilidad de que una magistratura electoral exceda el plazo de siete años en su encargo, hasta que el Senado realice la designación definitiva.
En contra de esta respuesta, Cano Baltazar promovió juicio de la ciudadanía ante la instancia federal, argumentando en esencia, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había declarado la invalidez de una norma similar que permitía la prórroga en el ejercicio del cargo de las magistraturas del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.
Al emitirse el fallo, la Sala Superior razonó que fue justificado que la magistrada presidenta no atendiera al planteamiento del actor, dado que estaba impedida de hacerlo derivado de la medida cautelar dictada, pero, para proteger al justiciable, inaplicó el referido artículo 12 de la Ley del Tribunal y declaró la existencia de la vacancia en una de sus magistraturas, con lo cual quedó claro que Elva Regina Jiménez Castillo ya no era magistrada y tendría que dejar el cargo.
Asimismo, ordenó a su Pleno que determinara quién debería ocupar de manera transitoria la vacante, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de la Ley del Tribunal, el cual señala que las ausencias o vacantes de las magistraturas electorales serán cubiertas por quien ocupe la Secretaría General de Acuerdos o, en su caso, por el o la secretaria de ponencia de mayor antigüedad, según acuerde el Pleno.
En consecuencia, se designó a Germán Cano Baltazar como nuevo magistrado en funciones, en sustitución de Elva Regina Jiménez Castillo y a Karla Giovanna Cuevas Escalante como nueva Secretaria General de Acuerdos en funciones, con lo cual, el tribunal retomó su regularidad constitucional, aunque sea provisionalmente.
En ese escenario que se repite en otras entidades, lo ideal es que el Senado realice ya todas las designaciones pendientes, porque en este año darán inicio diversos procesos electorales locales, donde se renovarán: 9 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 31 congresos locales, 1580 ayuntamientos, 24 juntas municipales, y alcaldías y concejalías; aunque en el actual panorama político, no se ve muy claro que ello ocurra.
Plancha de quite: “Saber cuando retirarse es de sabios. Poder hacerlo implica coraje. Hacerlo con la cabeza en alto significa dignidad”. Anónimo.