Columnas
La reforma judicial ha colocado al Instituto Nacional Electoral (INE) ante un nuevo reto: organizar la elección de más de mil 600 juzgadores, entre ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas.
Experiencia distinta para organizadores y para la sociedad; adultos de 18 años y más, por primera vez van a elegir juzgadores en todo el país. El año electoral empieza en una semana.
La capacidad del INE es indiscutible, tiene ganado reconocimiento nacional e internacional por su trabajo, incluso ha sido invitado por diversas naciones para asesorar en la materia.
Su estructura humana técnico-operativa, apenas el 2 de junio pasado organizó elecciones para que se eligieran más de 20 mil cargos, desde gobernadores, senadores, diputados hasta alcaldes y regidores.
Nadie se quejó de su desempeño, ni ganadores ni perdedores; cumplieron los empleados del INE y los miles de ciudadanos que actuaron como funcionarios en las casillas.
Si hubo capacidad para organizar una elección de ese tamaño, hay que dar por descontado que la habrá para elegir, en principio, alrededor de mil 600 juzgadores federales.
Quienes se preocupan por el formato de las boletas, den por hecho que el instituto hará lo adecuado, lo más conveniente.
Se utilizarían tiempos oficiales para que los aspirantes hagan campaña y sean conocidos por la sociedad. Los partidos políticos no podrán hacer promoción a favor de ningún candidato o candidata.
De acuerdo con la reforma, habrá previa selección para asegurar que participen juristas calificados.
El INE (antes IFE), como institución ciudadana, a lo largo de 34 años ha pasado todas las pruebas, ha sabido organizar elecciones, contar los votos y recontar cuando ha sido necesario.
Como toda organización es perfectible, ya llegará el momento en que se tenga que mejorar con una reforma legislativa; por lo pronto, su talento es garantía para lo que viene.
Lo confirmó en 2000, cuando por primera vez México vivió la alternancia. Se respetó el resultado, nadie pretendió vulnerar la voluntad popular. Los perdedores aceptaron su derrota y sin protestas entregaron el poder.
Para entonces, gracias al INE, habían desaparecido la “operación tamal”, el “carrusel”, robo y relleno de urnas, “urnas embarazadas”, las viejas prácticas, viejos vicios que ensuciaban los procesos.
Por lo que se ve y se ha visto, la maquinaria electoral del instituto está intacta y bien aceitada, lista para preparar la elección de juzgadores.
Su experiencia en la organización de elecciones será de gran ayuda para cumplir con el mandato del pueblo.
Quizás los juzgadores, endiosados, nunca imaginaron que su ascenso o permanencia en el poder judicial dependería del voto popular.
En mucho son responsables de lo que ahora viven, porque se desentendieron de sanear sus filas, toleraron el nepotismo y la corrupción e hicieron elitista la impartición de justicia.
Seguro que hay juzgadores honestos, íntegros, imparciales, con vocación de servicio. Estos, van a continuar con su trabajo y participarán en el proceso electoral cuando llegue el momento.
Los que se tienen que ir a su casa son los que han fracturado la imagen del poder judicial. Se van a equivocar si creen que el pueblo no podrá identificarlos y dejarlos fuera de la elección.
El pueblo está conforme con elegir a juzgadores y el INE tiene probada su capacidad para organizar elecciones.
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