Exprópiese

Desde la mirada del constitucionalismo contemporáneo, no parece una buena idea lo que en días pasados exigió el gobernador de Puebla a una empresa privada: donar al estado un predio de 2hectáreas en los próximos 30 días o, de lo contrario, iniciaría un procedimiento administrativo deexpropiación por un terreno de mayor dimensión. La justificación del gobernador reside en que la empresa constructora - según su dicho- se ha enriquecido a costa de la ciudadanía poblana, utilizado diversos recursos de la entidad.

Y es que estimadas y estimados lectores, no piensen que en este espacio pecamos de ingenuidad, entendemos perfectamente que el discurso expropiante del gobernador se enmarca en la estrategia de comunicación política que trata de conectar con una ciudadanía que busca -justificadamente-reivindicaciones sociales, y para lograr lo anterior, que mejor que expresar mensajes populares al más claro estilo Robin Hood: en defensa de los pobres y oprimidos, quitemos a los ricos.

Lo que sucede es que en una democracia constitucional que se precie de ser seria, hasta estos discursos de heroísmo político deben tener ciertos límites, y en el caso, ese límite es la propiedad privada como derecho fundamental y su reconocimiento a nivel constitucional y convencional. Y es que al menos desde la expedición de la Carta Magna en 1215, atribuida al rey Juan sin tierra, la propiedad privada constituye un obstáculo al poder omnímodo de los monarcas, príncipes, señores feudales y gobiernos populistas de las más recientes épocas.

Sobre este último caso, el ejemplo más patente es el de aquella imagen de febrero de 2010, cuando el ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en la céntrica Plaza de Bolivar, en Caracas, comenzó a preguntar -como si estuviera en el supremercado comprando libremente el desodorante, jabón de manos y papel de baño para su casa- por distintos edificios, para luego de escuchar que se trataban de inmuebles de propiedad privada destinados a distintos comercios, pronunciar la tragicómica frase: “exprópiese”. Estos excesos del poder, propios de la era medieval, son inaceptables en un Estado constitucional y democrático de Derecho, como hasta el día de hoy lo es México, por más que se quieran deslizar a manera de discurso político enderezado a reivindicar con la gente y lograr el aplauso fácil de la tribuna.

En nuestro país, tanto por virtud de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución federal, como del precepto 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la propiedad privada constituye un derecho fundamental de primer orden, por lo que su privación solamente cabe por causas de utilidad pública o interés social y siempre que medie una indemnización justa; lo cual además, debe estar previsto en una ley en sentido formal y material y quedar debidamente acreditado en el procedimiento correspondiente, por lo que queda descartada toda afectación que no cumpla con estos estándares, por más que la misma se funde en un supuesto enriquecimiento inmoral y “a costa del pueblo”.

Obiter dicta.

Por el bien de la sociedad mexicana y de nuestra democracia constitucional, este tipo de discursos no debe propagarse ni mucho menos prosperar, porque es reflejo de la fatiga democrática y la debilidad institucional que crecen como una sombra negra de la disfunción de los gobiernos limitados que buscan, bajo el argumento de defender a pueblo, pasar por encima de cualquier límite impuesto, precisamente, por el propio pueblo a través de su Constitución.