Justicia sin prejuicios

El principio de presunción de inocencia no es una concesión, sino una garantía constitucional que protege a cualquier ciudadano frente a una acusación. En un entorno político cada vez más polarizado, este principio ha enfrentado una presión creciente. La sentencia del expediente TECDMX-PES-150/2024 lo confirma con hechos y argumentos jurídicos.

La resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México cuya copia posee este reportero, esclareció que José Fernando Mercado Guaida, otrora aspirante a la alcaldía de La Magdalena Contreras, no incurrió en violencia política en razón de género. Lo mismo resolvió para su hermano Diego Mercado, así como para Rebeca Zoé Flores y Alejandro Piña Medina.

El análisis de pruebas, testimonios y diligencias evidenció que la denuncia carecía de sustento suficiente para imputarles responsabilidad. Las medidas cautelares iniciales, dictadas como tutela preventiva, se revocaron por falta de elementos que justificaran su imposición.

En la acusación original se afirmaba que Diego Mercado habría ejercido presión psicológica, dominación y control sobre la denunciante. Sin embargo, los peritajes, las conversaciones y los testimonios acreditaron que existió una relación política compleja, pero no un patrón de violencia motivado por razones de género.

El expediente dejó claro que hubo desacuerdos y tensiones, propios de los procesos internos de cualquier partido político y campaña de elección popular. Lo que no se probó fue que estos actos tuvieran la intención de vulnerar los derechos de una mujer por el solo hecho de serlo. Esa es la línea que define a la violencia política de género, y cruzarla sin pruebas puede tener efectos devastadores.

El caso también puso sobre la mesa la relevancia de actuar con responsabilidad al utilizar herramientas legales que deben proteger, no ser empleadas para dañar reputaciones o estrategias políticas. Acusar sin pruebas suficientes debilita a las verdaderas víctimas.

Las instituciones involucradas, desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México hasta el propio Tribunal, actuaron conforme al debido proceso. Ninguna presunción, por mediática que fuera, desvió el enfoque jurídico que exige pruebas y argumentos válidos.

Cuando se formula una acusación sin fundamento sólido, no sólo se daña al imputado, también se pone en entredicho la legitimidad de los mecanismos diseñados para proteger a las mujeres. La instrumentalización de la violencia política de género como arma electoral debilita el avance que ha costado años de lucha.

El Tribunal analizó con rigor el contexto político, la naturaleza de las conversaciones presentadas como prueba, los recursos asignados durante las campañas y los actos de omisión imputados a los dirigentes del partido. En ninguno de estos elementos se hallaron fundamentos suficientes para emitir una sentencia condenatoria.

Este tipo de resoluciones ayudan a delimitar los alcances reales de la figura de violencia política de género. No todo conflicto político entre una mujer y un hombre puede leerse como una agresión basada en el género. La diferencia entre un desacuerdo y una violencia estructural es profunda y debe probarse en cada caso.

El hecho de que José Fernando Mercado Guaida --hoy alcalde de La Magdalena Contreras-- haya podido limpiar su nombre en los tribunales habla de la importancia de no convertir a los procedimientos sancionadores en instrumentos de estigmatización. La justicia debe ser ajena al ruido mediático, y esta resolución así lo demostró.

El fallo no desprotege a las mujeres. Al contrario, reafirma que la protección de sus derechos debe darse bajo criterios objetivos, verificables y probados. La equidad no se logra con sesgos, sino con verdad jurídica. Esa es la verdadera justicia de género.

Afortunadamente, el Tribunal no se dejó arrastrar por presiones sociales ni prejuicios ideológicos. Analizó pruebas, escuchó a todas las partes y resolvió conforme a derecho. En un entorno donde una simple denuncia puede bastar para sepultar trayectorias, esta decisión devuelve equilibrio y seriedad al debate público

La lucha por la igualdad de género merece respeto. No puede avanzar si se erosiona con falsas denuncias o si se transforma en una herramienta de control político. En este caso, la justicia funcionó, y un varón logró liberarse del estigma que implicaba una acusación sin fundamento.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz
Premio Nacional de Derechos Humanos 2017