El Congreso de la Unión postergará la discusión de las reformas propuestas por el Ejecutivo federal sobre desapariciones forzadas y población, hasta que finalice el diálogo entre la Secretaría de Gobernación y los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, informó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.
El legislador precisó que “ya nos tocará reformar las leyes en términos del diálogo y los consensos que se logren” con las familias, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara su intención de convocar un periodo extraordinario para debatir las modificaciones legales.
En el mismo contexto, Monreal adelantó que la próxima semana se espera la llegada de dos nuevas iniciativas presidenciales sobre competencia económica y telecomunicaciones, las cuales también podrían ser discutidas en dicho periodo extraordinario.
Ambas propuestas buscan reasignar las facultades de la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), eliminados recientemente por Morena, para evitar vacíos legales y regulatorios.
Respecto a las reformas sobre desapariciones forzadas, Monreal recordó que fueron enviadas al Senado el pasado 1 de abril, pero no se votaron debido a la solicitud de colectivos de familias buscadoras y organizaciones civiles, quienes exigieron ser escuchados a través de Gobernación.
Indicó que una vez finalizado el proceso de diálogo, las iniciativas podrían ser modificadas con las aportaciones de las víctimas y sus representantes, para después ser votadas en el Congreso. “Estoy seguro que resultará algo de este diálogo productivo”, afirmó, y reveló que él mismo tiene familiares desaparecidos.
Monreal explicó que, durante el receso legislativo en mayo, la Comisión Permanente deberá convocar al mencionado periodo extraordinario para tratar tanto las reformas en materia de desaparición como otros temas pendientes de la agenda legislativa.
“En este periodo no se podrán votar, ya faltan 15 días para que concluya el periodo ordinario y no dará tiempo”, explicó.
Las reformas que se mantienen en pausa incluyen cambios sustanciales, como dotar a la CURP de fotografía y huellas dactilares, lo que la convertiría en el documento oficial de identificación nacional. Este proceso implicaría que la Secretaría de Gobernación recopile datos biométricos de diversas fuentes oficiales o directamente de los ciudadanos.
Asimismo, se plantea que la Guardia Nacional colabore en labores de búsqueda y que se reduzcan penas a personas que colaboren para encontrar víctimas, ya sea con vida o fallecidas.
Uno de los puntos más controvertidos es la propuesta de otorgar acceso irrestricto a datos biométricos y de identificación a la Fiscalía General de la República, fiscalías locales y al Gabinete de Seguridad, lo que ha generado preocupación sobre la privacidad de la información.
También se prevé la creación de una plataforma única de identidad nacional, un registro centralizado de carpetas de investigación y la consolidación de fichas de búsqueda. Las fiscalías estatales deberán fortalecerse y contar obligatoriamente con una fiscalía especializada en desapariciones.
La iniciativa presidencial sostiene que uno de los mayores retos en la localización de personas desaparecidas es la falta de identificación de cuerpos, por lo que propone mantener actualizados los registros forenses y remitirlos al Banco Nacional de Datos Forenses.
Imagen: Cuartoscuro